Un bien rematado que no está perdido

La Prensa


El edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en Cochabamba, fue rematado ayer por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), debido a una deuda impositiva por 15.793.000 bolivianos. Sin embargo, la dirigencia del fútbol aseguró que una estrategia no revelada permitirá conservar ese bien inmueble.

El empresario Federico Serrano se adjudicó el bien en el remate por 2.900.000 bolivianos. Sin embargo, trascendió que esa persona fue utilizada por la FBF para que el edificio vuelva a manos del fútbol.

Ningún dirigente de la Federación quiso brindar mayores detalles. Sin embargo, las escuetas declaraciones llevaron a la conclusión final: se utilizó “un palo blanco”.

El gerente de la FBF, Alberto Lozada, declaró que fue “un remate planificado” y que la Federación está recurriendo “a todas las vías legales” para no perder el edificio del fútbol en Cochabamba.

“Solamente resta decir que el país debe sentirse tranquilo porque el edificio sigue perteneciendo al fútbol”, declaró el presidente de la FBF, Carlos Chávez.

Mauricio Méndez, vicepresidente segundo y titular de la Liga, confirmó que “se ha procedido al remate, pero detalles del mismo no puedo comentar. Entendemos muy bien la función que cumple el Servicio Nacional de Impuestos, sabemos que no había otra vía que la del remate, porque jurídicamente así debía darse, pero para tranquilidad de todos las oficinas de la FBF, la Liga y ANF continuarán funcionando en ese lugar”, aseguró en una declaración al diario Los Tiempos.

La suma del remate servirá para amortiguar la deuda que tiene la FBF ante el fisco.

“Vamos a pagar lo que se debe y aprobar un plan de pagos. Esperamos ponernos de acuerdo con Impuestos la próxima semana”, sostuvo Lozada.

El Gerente recordó que la deuda se originó en 1994 por la venta de entradas al Mundial de ese año y por el monto de tres millones de dólares no declarados, gastados en viáticos y pagos a dirigentes y jugadores en esa época.

El presidente de la FBF de entonces, Guido Loayza, actual titular de Bolívar, dijo ayer que, tras concluir su gestión, en efecto el SIN comunicó sobre una deuda por pagos a cuerpo técnico y jugadores, por unos 350.000 dólares; sin embargo, recordó que él dejó un acuerdo por el que la Federación obtuvo unos nueve millones de dólares por la venta de derechos de televisación, de donde “tranquilamente se pudo pagar la deuda” como él pagó de gestiones anteriores.

La deuda ingresó en juicio, y en octubre de 2000 vino la sentencia que desataría lo acontecido ayer: perdió la FBF y por las multas, intereses y mantenimiento del valor ascendió a nueve millones de bolivianos. Con Wálter Castedo, quien había asumido unos meses atrás, se apeló el fallo hasta llegar a la Corte Suprema, pero el resultado fue el mismo. En el lapso de la apelación la deuda se incrementó a 22.445.000 bolivianos.

En 2004 y gracias a la predisposición del entonces presidente de la República, Carlos Mesa, la FBF se acomodó al “perdonazo” y se fijó con Impuestos Nacionales cancelar la deuda en 60 cuotas que comenzó a pagar desde febrero de 2004 (por mes se daba 80.000 bolivianos) a excepción de marzo de ese año y de enero de 2005, cuyo monto era de nueve millones. Estos últimos montos corrían por cuenta del Gobierno, pero como Mesa “cayó” antes de enero de 2005 se incumplió con ese pago y vino el descalabro. “¿De dónde íbamos a sacar dinero? Quizá nos faltó más gestión”, se lamentó ayer Lozada.

La otra mirada

EL PROCEDIMIENTO

A las 10.00 se bajó el martillo que declaraba como nuevo propietario del terreno y del inmueble al empresario Federico Serrano, quien habría depositado los casi tres millones de bolivianos, el precio arrojado por el avalúo realizado por Graco (Grandes Contribuyentes).

¿NO LLEGÓ?

Hubo otro postor, el señor William Block, pero éste al parecer no había llegado a tiempo al lugar del remate. Block acusó, ante algunos medios, que se le impidió el ingreso, supuestamente porque la Federación e Impuestos se pusieron de acuerdo para favorecer a Serrano.

¿NUEVO DUEÑO?

No es dirigente del fútbol y tampoco está ligado a los clubes. Serrano, sin embargo, es una persona de la confianza de las máximas autoridades del fútbol nacional. El “palo blanco” les da tranquilidad a Chávez y compañía de que el edificio de la Federación volverá a pertenecer al fútbol boliviano. “Todo se realizó en el marco legal”, se limitó a decir el gerente Alberto Lozada.

La frase

No quiero entrar en detalles del remate, lo importante es que se defendió el patrimonio del fútbol nacional. La casa del fútbol seguirá siendo del fútbol”

Carlos Chávez

Presidente de la FBF

Para el SIN, el remate estuvo en el marco de la ley

Según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), el remate del edificio de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) se hizo a través de “un procedimiento normal y en el marco de la ley”, dijo ayer su máxima autoridad, Marlene Ardaya.

Informó que los casi tres millones de bolivianos, monto del remate, disminuirán la deuda inicial de la FBF, de 15.900.000 bolivianos, pero que el resto la entidad futbolera deberá cubrir en plazos a fin de que la administración tributaria “no ejerza más medidas coactivas”.

Desmintió que en reuniones con el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y autoridades del fútbol, hace semanas, se hubiera llegado a un acuerdo para evitar el remate del inmueble, previsto inicialmente para el 14 de este mes.

“Nosotros no acordamos nada con nadie, prueba clara de ello es que se llegó al remate. El Estado no tranza. En esas reuniones sólo cumplimos con informar el estado de la deuda”, afirmó la autoridad.

Debido a que la deuda de la FBF tenía una sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema de Justicia, no había lugar a ningún retroceso, ni posibilidad para presentar algún descargo, el remate era inevitable, explicó.

La Presidenta del SIN evitó brindar más detalles porque dijo no contar con ellos, porque el proceso se llevó a cabo en Grandes Contribuyentes (Graco) de Cochabamba.

También negó que el SIN hubiera procedido a “rebajar” la deuda de la FBF. Según su versión, los 15.900.000 bolivianos son una parte por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a las Transacciones (IT), Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), y multas; la otra asciende a seis millones de bolivianos por concepto de derechos de televisación vendidos por la Federación, y ésta tiene 30 días de plazo para hacer su descargo correspondiente.