El Gobierno nacional, mediante un anteproyecto de la nueva Ley del Deporte, propone que el fútbol profesional boliviano actúe bajo la rectoría del Ministerio de Deportes, lo que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) considera un intento de intervención y lo rechaza.
No solo eso, según el anteproyecto, busca ejercer un control absoluto sobre las entidades deportivas del país y, en el caso del fútbol, la idea es que la FBF incluso cambie de nombre y se denomine Federación Deportiva Plurinacional de Fútbol.
Con la finalidad de socializar el documento, el Gobierno repartió entre las entidades deportivas del país el Anteproyecto de Ley Nacional del Deporte, Cultura Física y Recreación, y solicitó a las mismas pronunciarse. En su respuesta, firmada por el secretario general, Pedro Zambrano, la FBF lamenta que el Gobierno insista en “ejercer tuición, control e intervención en todos los ámbitos y ejercicio del deporte en general y del fútbol en particular, vulnerando inclusive de manera flagrante e inaceptable principios, normas y valores constitucionales”.
Mediante la carta a la que tuvo acceso Marcas de La Razón, dirigida al Ministerio de Deportes, la FBF considera que el anteproyecto “persigue sin sustento ni base jurídica” varios puntos, que describe. Según la entidad rectora del fútbol boliviano, si se aprueba esa nueva Ley el Deporte, la cultura física y la recreación pasarían a ser considerados “un servicio público”.
El anteproyecto pretende “imponer una arbitraria e ilegal regulación, control y fiscalización de toda entidad vinculada al deporte, incluyendo a sus operadores que en la actualidad y por característica natural de esta actividad, son ad honorem”.
Asimismo, “intervenir física y materialmente a cualquier organismo vinculado al deporte”. Más aún: “Controlar los ingresos de las instituciones deportivas sea cual fuere su naturaleza jurídica o social, incluyendo asociaciones y federaciones, con alcances a subvenciones, aportes, contribuciones y recursos privados que recibieren o los beneficie”. Asimismo, “condicionar y penalizar a priori la actividad de la dirigencia deportiva”.
La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) considera que “el intento de asimilar al deporte como un servicio público, constituye una incongruencia con los alcances y beneficios naturales que su práctica genera en el ser humano”, por tanto es “una suerte de aberración otorgarle el membrete que caracteriza a la actividad del Estado o de los particulares impulsada para la satisfacción de necesidades colectivas”, como la provisión de agua potable, alcantarillado, suministro de electricidad, gas domiciliario, telecomunicaciones, salud, transporte, y otros.
Estos se constituyen en una responsabilidad gubernamental, por tanto se hallan bajo regulación, fiscalización y control de entidades especializadas, que de ningún modo pueden alcanzar al deporte, sostiene la federación de fútbol. Afirma que es “un descriterio” pretender que la actividad deportiva sea un servicio público y advierte que lo que pretende es “cooptar y manejar o en su caso, fiscalizar y controlar el deporte profesional en general y de manera particular, el fútbol”.
La FBF espera que su postura sea tomada en cuenta en un contexto de aportación y cualificación para elaborar una Ley del Deporte adecuada a la realidad del deporte en Bolivia, y expresó su predisposición para atender una invitación a formar parte de las mesas de trabajo y análisis del documento.
¿‘Federación Deportiva Plurinacional de Fútbol’?
Aparte de ver un riesgo de intervención de parte del Estado al fútbol y al deporte en su conjunto, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) advierte también que un cambio de nombre de la entidad supondría la inmediata desafiliación ante la FIFA.
El anteproyecto de Ley del Deporte, según la FBF “exige” modificar el nombre actual por el de Federación Deportiva Plurinacional de Fútbol, lo que “en los hechos constituye una nueva entidad ajena totalmente a la afiliada a la FIFA, extremo que de suyo implicaría una automática marginación o exclusión del organismo rector del fútbol internacional, con los consiguientes daños a esta actividad deportiva”.
También hace notar que en el tema del marco jurídico del Fútbol Profesional y Asociado, no obstante de admitir que las relaciones entre deportistas y clubes se regulan por la normativa FIFA y la legislación deportiva de la FBF, a través del Tribunal de Resolución de Disputas (TRD), “se vuelve a insistir en que su composición dependerá de un presidente designado por el Ministerio de Trabajo, que implica otra intervención estatal directa, cuando ya en consenso con el Gobierno se determinó eliminar esa postura, y actualmente el TRD funciona paritariamente con representantes de los futbolistas agremiados y la dirigencia de los clubes, y su desarrollo y ejercicio no ha tenido ninguna dificultad al ser sus fallos acatados disciplinadamente por clubes y futbolistas, y resulta ya un retroceso insistir en una composición amorfa como la prevista en el artículo invocado”, dice la nota de la FBF.
La FBF rechaza estos puntos
Servicio público
Convertir al deporte, la cultura física y recreación en servicio público.
Control
Controlar y fiscalizar a toda entidad vinculada al deporte, incluyendo a sus operadores
Intervención
Intervenir física y materialmente a cualquier organismo vinculado al deporte.
Fiscalización
Controlar los ingresos de las instituciones deportivas sea cual fuere su naturaleza jurídica o social.
Condiciones
Condicionar y penalizar la actividad de la dirigencia deportiva.
Cambio de nombre
Cambiar el nombre de Federación Boliviana de Fútbol por el de Federación Deportiva Plurinacional de Fútbol.
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