4 meses y no hay imputación formal a Chávez

Acusado por la Fiscalía General del Estado, por supuestamente haber cometido cinco delitos, el 21 de julio Carlos Chávez fue ingresado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, con detención preventiva por orden de un juez. Cuatro meses después aún las acusaciones suman y siguen, pero hasta el momento no existe una imputación formal, mientras el Ministerio Público, que tenía tres meses para presentarla, ya solicitó una ampliación de seis meses más para seguir su trabajo de investigación.

El antiguo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fue acusado en principio por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo y principalmente por estafa con la agravante de víctimas múltiples.

Este mes la Fiscalía agregó los cargos de peculado, peculado culposo, malversación, incumplimiento de deberes, apropiación indebida de fondos, forjamiento de resultados financieros ilícitos, enriquecimiento ilícito y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Iguales acusaciones son contra Alberto Lozada, el más estrecho colaborador de Chávez durante su gestión (fue secretario ejecutivo y también está en Palmasola).

El juez de la causa, Roberto Valdiviezo, dio un plazo no mayor a 30 días para que la Fiscalía presente pruebas contundentes de sus acusaciones; si es así, atenderá el pedido de ampliar la investigación por seis meses, y de ser necesario pedirá que se haga la imputación de manera formal de los detenidos. La defensa de Chávez, a cargo del abogado Jaime Tapia, considera que el caso es político y con muchas dilaciones por parte del Ministerio Público.

“De forma sistemática, progresiva, (la Fiscalía) empezó a emitir imputaciones ampliatorias, ampliaciones de investigación y utiliza el abanico de delitos que tiene el Código Penal como si fueran naipes. No sería extraño que surjan nuevos delitos que no tienen relación con los hechos que se investigan, pero que obedecen a un plan sistemático de querer prolongar la agonía en el proceso. Con eso la ganancia, si vale el término, es someter a una persona a una detención preventiva”, según Tapia.

Lamentó que el caso sea manejado “en reserva” solo para la defensa. Recordó que en un par de ocasiones Wálter Zuleta (tesorero de la FBF), quien forma parte de la acusación, declaró que visita con frecuencia Sucre y accede al cuaderno de cargos para conocer el estado de la investigación.

“Hemos pedido que nos permitan tener fotocopias y acceso al estado de las investigaciones, pero no fue posible. Es penoso saber que los imputados no puedan ver el cuaderno desde el momento en que fueron detenidos. Se manejan herméticamente para la defensa y veo que no pasa lo mismo con otra gente que sí puede ver con total soltura. Esa es una muestra de que hay cosas que no se manejan bien”, agregó.

Señor Fútbol intentó conseguir la palabra del Ministerio Público, pero las gestiones para hablar con Ramiro Guerrero, el fiscal general, no llegaron a buen puerto. Uno de sus colaboradores señaló que la autoridad estaba de acuerdo con dar la entrevista, pero será él quien ponga la fecha.

El abogado Jerjes Justiniano defiende a Alberto Lozada, pero este medio tampoco pudo hablar con él; sin embargo, abogados que están pendientes del caso dijeron —con el compromiso de no nombrarlos— que no hay razón para la detención de los directivos, menos para su juzgamiento como funcionarios públicos, adonde apunta la mayoría de las acusaciones, pues la FBF es una entidad de carácter privado. Según trascendió, Lozada trabaja con su abogado en la presentación de un recurso de acción de libertad para que pueda defenderse en esa condición.

Chávez también solicitó que su caso sea trasladado a Santa Cruz, lugar de su residencia, y la autorización de una instancia deportiva que avale su procesamiento, además de la nulidad de la imputación. Todo debió tratarse en una audiencia el 18 de este mes, pero fue diferida para hoy (09.00) en Sucre con presencia del acusado. “Vamos a esperar el pronunciamiento del Ministerio Público para activar un plan de reacción. Mucho no se puede anticipar mientras no se conozcan las decisiones”, concluyó Tapia.

Libertad irrestricta para esposa de Chávez

Tania Hurtado, esposa de Carlos Chávez, se presentó ayer por la mañana ante el Ministerio Público en Sucre y declaró en calidad de testigo dentro de la investigación en contra de su marido. Negó la versión del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, y aseguró que ni ella ni sus hijos manejaron dinero de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Cerca de las 13.00 salió de la Fiscalía y regresó a Santa Cruz “con libertad irrestricta”.

Fue muy poco lo que habló. “Me enteré de que había sido citada. Vine a declarar de manera voluntaria y ya lo he hecho. En el cuaderno de investigaciones están mis declaraciones”, señaló a los periodistas.

“No, jamás. Nunca, ni mis hijos ni yo, hemos manejado absolutamente nada de la FBF. Vine a declarar en calidad de testigo”, insistió. El miércoles, Guerrero informó que se emitió una orden de aprehensión en contra de Hurtado y dejó entrever que se habría beneficiado con recursos del balompié nacional.

Acompañada por su abogado, Tania Hurtado salió de la Fiscalía y en la calle abordó un vehículo con destino al aeropuerto Juana Azurduy de Padilla para volar de regreso a la capital oriental. Jaime Tapia, abogado de Chávez, dijo que la acción de ordenar la aprehensión a Hurtado fue un acto inaudito de parte del Ministerio Público. Calificó la medida como intento de debilitar a su defendido.