Luego de estar preso durante cinco días en una celda policial en la ciudad de Sucre, Chávez fue trasladado a la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, junto a Alberto Lozada, secretario ejecutivo de la FBF en ese entonces y mano derecha del titular federativo. Junto a él cayeron también los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, José Pedro Zambrano y Jorge Justiniano. El primero logró su libertad tras declararse culpable y el segundo sigue preso en Cobija.
Chávez fue acusado por los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, delitos tributarios y estafa con la agravante de víctimas múltiples. Fue por eso que el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Roberto Valdivieso, dictaminó la resolución en la que ordenó que el cruceño se defienda desde la cárcel, mientras dure el proceso investigativo.
Han pasado seis meses desde aquel episodio y hasta el momento el caso sigue estancado. La Fiscalía General del Estado, a la cabeza de Ramiro Guerrero, citó a la señora Tania Hurtado, esposa de Chávez, a declarar para esclarecer sobre unos supuestos cheques que recibió de la FBF. Tras no encontrar nada en su contra, quedó en libertad.
Con el paso de las semanas el caso fue perdiendo fuerza, pero a principios de diciembre se prendieron las alarmas con el arresto del paraguayo Juan Ángel Napout, presidente de la Conmebol, que era en el que Chávez depositaba sus esperanzas para salir libre, ya que él esperaba que a Bolivia le caiga una dura sanción por una intromisión directa del Gobierno en la autonomía del fútbol boliviano. El hecho quedó en nada y con la sucesión de Wilmar Valdez en el cargo, las puertas para la nueva dirigencia nacional se abrieron en la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde Chávez perdió su cartera de tesorero de la entidad.
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