Interrogantes en el caso FBF

Mientras el Ministerio Público aguarda la apertura de la documentación secuestrada en los últimos allanamientos, los vocales de las Salas Penal Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca pidieron una explicación y aclaración al juez segundo de Sentencia en lo Penal de Santa Cruz respecto a la acción de libertad conferida al ex presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Chávez, y a su ex secretario ejecutivo, Alberto Lozada.

El juez Quinto en lo Penal de Sucre, Roberto Valdivieso, anunció la semana pasada que desde este miércoles se revelarán más evidencias en el caso FBF, sin embargo, la atención ahora se centra en las interrogantes planteadas por miembros del Tribunal de Chuquisaca a un juez de Santa Cruz.
Las dudas surgen respecto a la tutela (protección) concedida a Chávez y Lozada, detenidos preventivamente en Palmasola, por el juez segundo de Sentencia en lo Penal de la capital de Santa Cruz, Marcelo Coca.

Esta sentencia, que supuestamente fue notificada el 21 de abril, dictó que los vocales de Chuquisaca no aplicaron el principio de favorabilidad y seguridad jurídica; además que se equivocaron al llamar a un cuarto vocal dirimidor en la audiencia de apelación de agosto de 2015.

Sin embargo, según los vocales Elena Lowenthal, Hugo Córdova, Sandra Molina e Iván Sandoval, recién fueron notificados con el Exhorto Suplicatorio del juez Coca el miércoles pasado, por lo que al día siguiente solicitaron la aclaración en una resolución a la que tuvo acceso CORREO DEL SUR.

En el documento, los vocales exigen la explicación sobre una notificación por la que supuestamente ellos “no presentaron informes” al respecto, también solicitan conocer “cómo es que se procede a admitir (…) la acción de libertad” tramitada y resuelta, fuera del plazo de seis meses.

Asimismo, piden saber “cuál es la base legal y jurídica que sustente su afirmación y conclusión de que se prohíba convocar un tercer y hasta un cuarto vocal en caso de disidencia”.

Finalmente, los vocales exigen conocer el “objeto y justificativo legal para el señalamiento de una nueva audiencia”, ya que el juez Coca determinó que en un plazo no mayor a cinco días se realice una nueva audiencia de apelación de medidas cautelares.

Por tanto, ahora, el juez de Santa Cruz deberá responder a los cuestionamientos de los vocales. En tanto, los ex dirigentes continuarán detenidos en Palmasola.

Fiscalía también se pronunció

La semana pasada, el fiscal General Ramiro Guerrero (foto) también se pronunció respecto a esta acción de libertad, con la cual no fue notificado oportunamente.

Guerrero dijo sentirse “sorprendido” porque al igual que los vocales del Tribunal de Chuquisaca, no recibió la notificación del juez Marcelo Coca de Santa Cruz.

El Ministerio Público es la parte acusante dentro del caso de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), institución a la que investiga desde junio pasado por las sospechas de malos manejos económicos en la administración de Carlos Chávez.