Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció ayer que el consorcio IMG & Perform comercializará entre 2019 y 2022 los torneos de clubes de la entidad, que supondrán ingresos por 1.400 millones de dólares.
“Este acuerdo con el consorcio ganador, IMG & Perform, garantiza un mínimo de 1.400 millones de dólares en cuatro años para las competencias de clubes”, dijo el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en una rueda de prensa en Bogotá.
El dirigente detalló que la compañía escogida se encargará de la comercialización de la Copa Libertadores, La Copa Sudamericana y la Recopa, entre otros.
También abarcará el fútbol femenino y torneos de fútbol playa, entre otros.
Domínguez, que asumió la presidencia de la Conmebol en 2016, recordó que en 2015 la Copa Libertadores solo daba 12 millones de dólares en toda la competencia, cifra que a partir del 2019 será, mínimo, de 350 millones de dólares.
“Este contrato representa un enorme avance hacia nuestro objetivo estratégico de generar más valor para el desarrollo y crecimiento del fútbol sudamericano. Creímos en grande, hicimos las cosas bien, y hoy logramos un gran resultado, ya que el mínimo garantizado representa más del doble de los ingresos del ciclo comercial anterior”, añadió Domínguez.
Destacó que el consorcio ganador trabaja la Liga Premier de Inglaterra, el automovilismo de la categoría NASCAR y la NBA en Estados Unidos, entre otros, y que “cuenta con la capacidad probada para optimizar” los ingresos que generan los torneos de la Conmebol.
El dirigente destacó que hubo una transición entre “una entidad oscura a una entidad profesional corporativa que rinde cuentas” y que trabaja por y para el bien del fútbol y sus equipos.
Lo que sigue para la Conmebol y el consorcio ganador es comenzar a trabajar en el diseño de un esquema para comercializar los derechos audiovisuales de las competencias de clubes durante un ciclo de cuatro años, cuyo objetivo será maximizar los ingresos del fútbol sudamericano.
Adicionalmente, con el fin de garantizar la transparencia del proceso se contó con la asesoría legal de Brigard Urrutia, la auditoría externa de Ernst & Young y la asesoría técnica de McKinsey.
EFE
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