El Reglamento de Licencias de la Conmebol cuenta con una sección referida a las sanciones con el fin de garantizar la aplicación de este requisito y ésta será aplicada ante el incumplimiento de uno o varios criterios (deportivo, infraestructura, administrativo, jurídico o financiero) o la informalidad en el proceso de adquisición.
En el artículo 83 de dicho reglamento indica lo siguiente: “Las sanciones descriptas en esta Sección deberán ser insertadas en el Reglamento Disciplinario de la Asociación Miembro, en caso de que las mismas no estén contempladas”.
Estos son los castigos a los que hace referencia la Confederación: amonestación, multa económica, suspensión temporal de la licencia, cancelación de la licencia, denegación de la licencia, las establecidas en el Reglamento Disciplinario de la Conmebol en su artículo 18 que dispone las sanciones que se pueden imponer a las asociaciones miembro y clubes, y la Asociación Miembro podrá establecer otras sanciones adicionales si lo considera oportuno.
Mientras, las sanciones a las que hace referencia en el artículo 18 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol varían: van desde advertencias, sanciones económicas entre 100 y 400 mil dólares, anulación de resultados de un partido, deducción de puntos, repetición de cotejos, determinación de resultados, prohibición de jugar un partido en determinado estadio o a puertas cerradas, descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones, retirada de un título o premio, retirada de licencia, entre los más llamativos.
La documentación presentada por Universitario de Sucre y Real Potosí -únicos casos conocidos en el fútbol boliviano- fue observada por la Gerencia de Licencias de Clubes de la FBF, pero tienen hasta el 20 de noviembre para completar o hacer las correcciones y de esta manera quedarán habilitados para participar en los torneos de la Conmebol, en caso de clasificarse.
La licencia de clubes fue implementada por la Fifa a partir de 2008 y a nivel sudamericano recién entrará en vigencia en 2019, luego de un proceso de socialización de un año y medio. El presidente Alejandro Domínguez anunció que será más estricto con el control.
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